En fecha 28 de octubre de 2016, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) publico las tesis jurisprudenciales relacionadas a la temática denominada contabilidad electrónica, en sus cuatro vertientes:

·         Obligación de llevar la contabilidad en forma digitales.

·         Obligación de uso del Buzón Tributario como medio de comunicación entre el contribuyente y la autoridad fiscal.

·         Obligación de envío de la contabilidad a través de medios electrónicos.

·         Facultad de la autoridad fiscal a comprobar el cumplimiento de obligaciones o posible comisión de delitos fiscales, a través de medios electrónicos (Revisiones Electrónicas).

Sólo una de más de 40 tesis determino la inconstitucionalidad relacionado al Anexo 24 correspondiente a las Resoluciones Misceláneas Fiscales para 2015 y hasta octubre de 2016. Dichas circunstancias dieron motivo a descontentos no sólo a la iniciativa privada, sino en el ámbito legal-fiscal; las inconstitucionalidades para la gran mayoría eran visibles, se prospectaba la salvaguarda de Derechos Humanos y Garantías Fundamentales en favor de los contribuyentes. Incluso la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON) anunciaba sus logros en sentencias de primera instancia en favor de los contribuyentes.

Esto permite visualizar que la SCJN, no sólo tiene la facultad sino incluso la voluntad -aunque se mínima- de resolver las controversias constitucionales acorde a la Salvaguarda de los Derechos Humanos, considerar lo contrario devendría en determinar la constitucionalidad del Anexo 24 en comento. En contrapartida, determinadas voces emitidas por la SCJN, relativas a la temática, establecieron la supuesta constitucionalidad de la contabilidad electrónica.

¿Realmente la SCJN, determinó la constitucionalidad de la contabilidad electrónica?

Es conocido en el mundo jurídico que la figura de la suplencia de la queja no opera en materia fiscal en el Juicio de Amparo, y ante tal circunstancia, los abogados como peritos en la materia son los responsables de generar los argumentos lógico – jurídicos encaminados de demostrar la inconstitucionalidad de las disposiciones legales, quedando en la SCJN, la responsabilidad de hacer un control constitucional de los actos reclamados y solo respecto de los conceptos de violación hechos valer.

En tal línea de pensamiento, la SCJN, resolverá acorde a la causa petendi deducida, lo cual deriva en la emisión de los criterios jurisprudenciales creados a efecto de esclarecer el sentido de una norma jurídica, determinando no necesariamente si una disposición es inconstitucional, sino estableciendo en muchos de los casos si los conceptos de violación son adecuados a determinar la inconstitucionalidad de una norma.

Corolario de lo anterior es la jurisprudencia de rubro BUZÓN TRIBUTARIO. EL ARTÍCULO 17-K DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, AL ESTABLECER ESE MEDIO DE COMUNICACIÓN ENTRE EL CONTRIBUYENTE Y LA AUTORIDAD HACENDARÍA, NO VIOLA EL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA (DECRETO DE REFORMAS PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 9 DE DICIEMBRE DE 2013) y de la cual obtenemos que la SCJN, determino resolver que el precepto 17-K del CFF, no es inconstitucional bajo la causa de que detenta un procedimiento para realizar el envío de la contabilidad en medios electrónicos y que dicho procedimiento violenta Derechos Humanos y Garantías Fundamentales.

El criterio jurisprudencial vislumbra con claridad, que dentro del concepto de violación, el argumento estructurado fue señalar que el artículo 17-K del CFF era inconstitucional en atención a que el procedimiento para notificar vía Buzón Tributario violaba Derechos Humanos y Garantías Fundamentales. Sin embargo, basta la simple lectura al precepto en comento para darse cuenta que no existe la forma en que deberá enviarse la contabilidad a través de medios electrónicos.

Ante la existencia de un concepto de violación mal planteado, la SCJN, no tiene más opción que resolver conforme a lo solicitado, situación que realizó emitiendo incluso un criterio jurisprudencial por reiteración de criterios, lo cual permite deducir que los argumentos establecidos dentro de dichos juicios se encontraban en el mismo sentido.

No se puede generalizar que todos los conceptos de violación en los más de 20,000 mil juicios se encuentren estructurados de la misma forma, sin embargo se considera que la mayoría de dichas demandas sufren de tal afectación, ya que en 2014 durante las pláticas con colegas, asesorías y capacitación en el rubro de defensa legal contra la temática de contabilidad electrónica era renuente escuchar este tipo de argumentos.

¿Cuál es el paso a seguir en materia de contabilidad electrónica?

Hay dos o más posibilidades para continuar con el tratamiento de la contabilidad en medios electrónicos, todo depende de la situación particular del contribuyente, es decir, si optó por defenderse mediante el juicio de amparo, dar cumplimiento a las obligaciones derivadas de la contabilidad en medios electrónicos o incluso inobservar las opciones anteriores.

En el campo de la defensa legal en el juicio de amparo, es pertinente realizar un estudio de los conceptos de violación establecidos dentro de la demanda a efecto de determinar la viabilidad del juicio para la toma de decisiones en el cumplimiento de las obligaciones fiscales, puesto que lo más probables es que se cuente con la resolución que brinda una suspensión definitiva relativa a inobservar las obligaciones hasta en tanto exista sentencia que no admita recurso alguno.

Para el supuesto de no haber presentado juicio de amparo, es prudente analizar las modificaciones al Anexo 24 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 04 de octubre de 2016, para una correcta toma de decisiones. Puesto que incluso la interposición del Juicio de Amparo puede constituirse como medio de defensa y reestructuración de la contabilidad.

Si no existe medio de defensa e incumplimiento de obligaciones, lo prudente es asesorarse con especialistas en la materia a efecto de determinar el camino a seguir, puesto que existen aristas que pueden causar menoscabo al patrimonio del contribuyente o la reestructuración en la línea de negocios.

¿El Juicio de Amparo, trajo algún benefició a los contribuyentes que lo promovieron?

Es necesario hacer notar que las obligaciones tendrán que acatarse en cualquiera de los rubros, la diferencia versará en el tiempo y la seguridad de la información; puesto que quienes ya se encuentren obligados a someterse a dichas obligaciones, tendrán la desventaja de que la información que envíen a través de medios electrónicos pueda caer en poder de terceros ajenos a la autoridad fiscal.

Situación que quedó demostrada con la temática del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil de México, en el cual bajo la finalidad de tener un mejor control, mejor servicio y brindar de seguridad a los usuarios de telefonía móvil, se implementó la obligación de registrar sus datos, mismos que se encontraban a la venta apenas unos meses posteriores a la fecha límite de registro.

Los contribuyentes que tuvieron la cultura de defender sus derechos, aparentemente no obtuvieron un resultado favorable, sin embargo es claro que durante poco más de 2 años no se encontraron obligados a dar cumplimiento a obligaciones fiscales que no cumplían con ciertos parámetros de seguridad, derivados del Anexo 24 y bajo tal entendido, la curva de aprendizaje para la autoridad fiscal, respecto de la contabilidad electrónica no puede ser experimentada en ellos; aunado a que en adelante sus obligaciones deberán garantizar que se realicen con las líneas establecidas por la SCJN.

Lo anterior es simplemente relevante, en atención a la era digital en que México, está incursionando no sólo en cuestión de aspecto de informática, aplicaciones o software, sino en temáticas como el cumplimiento de obligaciones y en contraposición la delincuencia a nivel tecnológico. Nadie dijo que con la implementación de sistemas tecnológicos la delincuencia se quedaría obsoleta, por el contrario, los delitos electrónicos incluso aparecieron como mínimo 10 años antes que la implementación de obligaciones fiscales en medios digitales.

Bajo tal tesitura, el robo de identidad, de información confidencial o de datos derivados de, no sólo el envío de la contabilidad, sino incluso de la información que se queda almacenada en la plataforma del Servicio de Administración Tributaria, está expuesta a que sea robada en cualquier momento; contabilidad que arroja datos sensibles y que ponen al contribuyente como sujeto susceptible de sufrir un delito patrimonial. Lo que lleva a la pregunta ¿Con el filtro e interpretación adecuada, será más fácil determinar quién es susceptible de robar, secuestrar, etc.?

robo-de-identidad

Quien optó por defender sus derechos a través de un abogado especialista en materia fiscal, constitucional y estratégica, ha ganado que durante 2 años no se le responsabilice por el incumplimiento de situaciones ajenas a su voluntad, como pérdida o robo de información, por decir lo mínimo y que dicha información no se encuentre a la deriva de caer en poder de personas ajenas al contribuyente y la autoridad fiscal para la posible comisión de delitos.

Cabe destacar que, en marzo de 2016, se contaba con el conocimiento de al menos 59,000 por robo de identidad ante la Policía Federal, lo cual resulta innecesario para un contribuyente, ya de por sí son bastantes las obligaciones fiscales de forma, para agregarles la obligación de cuidarse de delitos digitales, para dar cabal cumplimiento a sus obligaciones.

Por lo cual es importante contar con un equipo de asesores especializados en áreas estratégicas, puesto que tal circunstancia permitirá que una empresa siempre llegue al destino deseado, no sólo en la búsqueda de resultados aislados, sino de resultados integrales, es recomendable verificar el estatus de la situación contable y jurídica en la cual tu empresa se encuentra y con base en ello realizar los ajustes correspondientes.

Si tienes dudas con la temática, no dudes en escribirnos a consultoria@perezreyes.com.mx, para brindarte asesoría integral; contamos con un grupo de especialistas enfocados a ofrecerte un abanico de opciones en favor de tu negocio.

Conclusiones.

·         La temática de inconstitucionalidad de la contabilidad electrónica no ha sido concluida, al menos no para quienes estructuraron argumentos diversos a los criterios emitidos por la SCJN.

·         La contabilidad en medios electrónicos, no sólo encausa afectación a la temática fiscal, sino también de índole penal, ambos rubros deben ser considerados.

·         El sistema de pesos y contrapesos del gobierno mexicano, depende en parte del actuar de los ciudadanos, si el abogado no cuenta con la pericia en determinadas áreas del derecho, lo más probable es que el resultado sea adverso a las pretensiones del contribuyente.

·         Contar con asesores especializados en la materia, traerá como consecuencia beneficios tanto fiscales, económicos y de seguridad.

L.D. Victor Hugo Pérez Reyes.

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